Bienvenido, Alberto Tena López
Revista nº 9
El Estatuto Catalán concentra la máxima atención ante el próximo fallo del Tribunal Constitucional y las consecuencias que pueda traer. No obstante, no está de más reflexionar sobre el nuestro, el Estatuto de Autonomía de Madrid.
Hace 25 años de su aprobación y en este tiempo, nuestra región ha sufrido la transformación más importante de su historia. La situación es hoy radicalmente diferente, y por ello se hace necesaria la reforma del estatuto autonómico, como se ha hecho en Cataluña, Andalucía, Valencia, Aragón, Castilla y León, Baleares, y como se está haciendo en Castilla la Mancha o en Canarias. Nuestra Comunidad no puede quedarse al margen.
Madrid es punto habitual de encuentro y acogida de ciudadanos provenientes de todas las partes de España que se convierten inmediata y voluntariamente en madrileños sin tener que renunciar a su identidad de origen. Todo lo cual nos sitúa en una inmejorable posición para que avanzando en nuestra autonomía, contribuyamos a la configuración y vertebración de una España plural y a una mejor integración y solidaridad entre todos los españoles.
En el actual Estatuto falta el reconocimiento de derechos de los ciudadanos de Madrid, en especial en aquellos en los cuales la Comunidad cuenta con competencias: educación, sanidad, servicios sociales, etc. Y para la garantía de los mismos habrá que crear la figura del Defensor del Pueblo.
Igualmente convendrá mejorar aspectos del diseño institucional de nuestra Comunidad. Se precisa fomentar la participación de los ciudadanos en los procedimientos parlamentarios mediante diversas iniciativas legislativas: obligatoriedad de comparecencia de los cargos públicos de las administraciones local y autonómica (incluido organismos autónomos); posibilidad de crear comisiones de investigación a instancia de la oposición; promoción de mecanismos de consenso entre los grupos parlamentarios a fin de aprobar determinadas leyes por una minoría cualificada; delimitación del número de parlamentarios ya que no parece razonable continuar con el actual crecimiento indefinido; etc.
Las competencias regionales son uno de los elementos sustanciales de la reforma. En este sentido, al menos, habría que considerar reclamar las referidas a extranjería e inmigración, sencillamente inexistentes en la actualidad. Sin invadir el ámbito estatal, el Estatuto debe reflejar que estas personas son destinatarias de derechos sociales y de prestación de servicios públicos que en gran medida son competencias autonómicas; por ello, los poderes públicos regionales deben poder organizar la integración de esta realidad creciente en nuestra Comunidad. Igualmente, el Estatuto debe abordar el tema de la seguridad ciudadana, y definir, desde la complejidad que tiene nuestra Comunidad, las funciones, competencias y ámbitos de actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Parece oportuno comenzar a definir el papel de una posible policía autonómica y la clarificación de la coordinación de las policías locales, así como la regulación de la seguridad privada.
En resumen, deberíamos establecer un modelo de delimitación de competencias que recoja las existentes en el Estatuto e incorpore aquellas que ya vienen siendo ejercidas por la Comunidad para dotarlas de una base estatutaria sólida: protección de datos, integración de personas inmigrantes, cooperación al desarrollo, propiedad intelectual e industrial, participación en la gestión de la red de cercanías de RENFE y en la del Aeropuerto de Barajas, etc.
El nuevo Estatuto deberá redefinir también el Régimen Local, estableciendo un catálogo claro de competencias y creando organismos para su garantía: el Fondo de Cooperación Municipal, medio fundamental para garantizar la suficiencia financiera; y el Consejo Autonómico Local, que sería el órgano de participación e intervención de los ayuntamientos en los proyectos que les afecten.
También, deberá incluirse en el nuevo Estatuto lo relativo a las relaciones Comunidad-Estado y Comunidad-Unión Europea. Relaciones que deben basarse en el respeto de los respectivos ámbitos de actuación, la necesaria lealtad institucional y el principio de la ayuda mutua, con cláusulas que garanticen la participación de la Comunidad en los programas y organismos estatales que afecten a sus competencias.
Estamos asistiendo a la redefinición de la articulación de la España plural, pero el actual gobierno madrileño de Esperanza Aguirre ha situado a Madrid de espaldas a este proceso, dando a entender que a los madrileños nos les interesa una España plural y solidaria entre sus regiones y sus instituciones. Pero quiero tener confianza en que más temprano que tarde iniciaremos los trabajos de revisión del actual Estatuto, lo quiera Aguirre o no.
Jose Luis Pérez Ráez
Diputado de la Asamblea de Madrid
Portavoz socialista en la Comisión del Estatuto.
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