Bienvenido, Alberto Tena López
Revista nº 9
“Ni la salud ni los derechos de los ciudadanos y los trabajadores son patrimonio de políticos o administradores”
Ya se ha denunciado la política sanitaria de los gestores de la Comunidad de Madrid. Pérdida de camas e infraestructuras, menos recursos en la Atención Primaria, hospitales privados y cada vez mayores discriminaciones en el acceso a servicios públicos para la protección de la salud. Todo ello, naturalmente, acompañado de la consiguiente pérdida de empleo y supresión de servicios.
Pero siendo estos hechos de una gravedad extraordinaria para el futuro de los derechos ciudadanos, se complementan con una política de persecución y separación de sus responsabilidades a profesionales que simpatizan con la oposición al gobierno de Esperanza Aguirre. Casos como el del doctor Valentín en el Hospital Doce de Octubre o el del doctor Montes en el Severo Ochoa que durante meses ha llenado las páginas de los periódicos, para al final quedar demostrado su rigor profesional. Un estilo que practican los gestores del Partido Popular madrileño, de perseguir e intentar “eliminar” a los díscolos, y llegan a ejecutan incluso entre sus propios dirigentes.
En esta cadena de despropósitos ocupa espacio singular la Gerencia del Instituto Psiquiátrico José Germain., donde el señor Villoria ha desplegado desde su llegada al centro sus destrezas en apartar de sus cargos o responsabilidades a todo profesional que muestre discrepancias con su línea de actuación, y muy especialmente si tienen afinidad con opciones ideológicas distintas a la suya.
Muchas han sido las denuncias de sindicatos y trabajadores sobre los ya indisimulados planes de privatización de servicios, así como del trato displicente y abusivo que profesa con subordinados y especialmente con los representantes de los trabajadores, negando derechos mínimos y falseando información con objeto de eludir sus responsabilidades. En los últimos meses esta actitud se ha hecho manifiesta provocando cambios organizativos y traslados a profesionales, creando situaciones laborales conflictivas que se intenta resolver con la exclusión de estos trabajadores de sus tareas o sus responsabilidades.
Ni la salud ni los derechos de los ciudadanos y los trabajadores son patrimonio de políticos o administradores, y actuaciones como éstas no pueden ser consentidas so pena de quedar a merced de quienes hacen del poder una herramienta para su uso privativo sin ningún respeto por las conquistas laborales y sociales que tanto ha costado implantar en la sociedad madrileña.
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